Hoy compartimos aquí un informe realizado desde la Fundación Entretantos con el apoyo de miembros de la Fundación RUAF. Se trata de ‘Políticas alimentarias urbanas para la sostenibilidad. Análisis de experiencias en el Estado español, en un contexto internacional‘, elaborado por Daniel López, Nuria Alonso y Pedro M. Herrera.

El estudio compara los programas de políticas alimentarias desarrollados en 11 ciudades integradas en la Red de Ciudades por la Agroecología, desde una perspectiva integral, y en el marco de las políticas que están desarrollando otras ciudades en la escena internacional. El análisis se basa en la información aportada por las ciudades, así como en el análisis de documentos de trabajo de la propia Red, y ha sido revisada por las personas responsables de las políticas
alimentarias en las ciudades participantes. La discusión de los resultados obtenidos se ha emprendido a partir de la revisión bibliográfica de estudios previos sobre políticas alimentarias urbanas en el ámbito internacional, así como a partir de la asistencia a eventos de ámbito nacional e internacional relacionados con las políticas alimentarias urbanas.

Trasladamos aquí, a modo de avance, un breve extracto de sus conclusiones:

«En general se puede observar el despliegue de agendas ambiciosas que ya están dando frutos de gran relevancia, aunque se detectan diferencias según los ámbitos de intervención, con un sesgo hacia los ámbitos más relacionados con aspectos económicos y productivos, en los que una mayoría las ciudades han desarrollado diversas acciones. Por contra, aquellos ámbitos de acción con mayor relevancia social y ecológica están más desatendidos. En todo caso, la novedad -y por tanto escasa trayectoria- de las políticas analizadas obliga a tomar este análisis con cautela, pues la práctica totalidad de las ciudades ha manifestado proyectar importantes acciones en todos estos ámbitos que hemos considerado más deficitarios.

En el apartado de producción destaca el fomento de huertos urbanos y del impulso de parques agrarios o algún tipo de fomento de la producción agraria -normalmente ecológica- en el término municipal u otros municipios cercanos. En el ámbito de la distribución hay una mayoría de ciudades implicadas en la diversificación de puntos de venta de alimentos locales y ecológicos, con alta frecuencia en el establecimiento de mercados de productores/as. El resto de ámbitos presenta una cobertura más desigual, y tan solo la mitad de las ciudades -de media- han desarrollado acciones en cada uno de ellos. En cuanto a la gobernanza, las acciones más comunes -a pesar de ser poco frecuentes- son la creación de órganos consultivos o de participación para las políticas alimentarias, especialmente Consejos Alimentarios locales. En cuanto a investigación y comunicación, numerosas ciudades han puesto en marcha campañas de identificación y fomento del consumo de alimentos de producción local; y en algunos casos se coopera con instituciones locales de investigación. En cuanto a acceso y equidad, la medida más común es el fomento de la compra pública sostenible en las cocinas de las escuelas infantiles, que es el recurso educativo formal con competencia municipal. Por último, en el ámbito de la ecología las acciones más comunes tienen que ver con la reducción y reutilización en el desperdicio de alimentos, en algunos casos vinculadas a programas de compostaje.

Las ciudades más grandes (Madrid, València y Zaragoza), junto con otras de mayor trayectoria en las políticas alimentarias (como El Prat de Llobregat), son las que cubren un mayor número de ámbitos de acción. La falta de integralidad en las políticas alimentarias se podría identificar por tanto con la falta de recursos específicos en esta área de gobierno novedosa, especialmente en las ciudades de tamaño medio. Pero en cada ámbito analizado el numero de acciones desarrolladas es pequeño. Muchas ciudades han centrado sus acciones en proyectos o herramientas concretas, generalmente centradas en la protección o reactivación de los espacios agrarios (Lleida, Manresa, València, Zaragoza) o en Parques Agrarios (Fuenlabrada, Granollers, El Prat de Llobregat, Rivas-Vaciamadrid). De esta acción central se han derivado otras acciones que dibujan una integralidad mucho mayor de la visión estratégica; ya que en ultimo término tanto la viabilidad económica como social de esas acciones requiere de una diversidad de acciones mucho mayor que la mera protección del espacio agrario: sensibilización a la ciudadanía y el consumo, apoyo al emprendimiento, apertura de canales e infraestructuras de comercialización, etc.

El sector productor es uno de los puntos más débiles de las políticas alimentarias urbanas. Su presencia marginal en los territorios metropolitanos, ligada a su elevada desarticulación y a la lejanía de las organizaciones profesionales agrarias respecto a las políticas alimentarias urbanas, dificulta la integración de las miradas rural y agraria en las políticas analizadas. La dispersión y desorganización de la cadena productiva ecológica está generando importantes tensiones en los casos en los que se incrementa la demanda urbana, ya que ésta no puede ser atendida por las incipientes redes de distribución alternativas y locales. Por otro lado, se acusa la dificultad de encontrar modelos de empresa en la línea de la agroecología y la economía social y solidaria, y que a la vez sean viables económicamente, especialmente para las nuevas incorporaciones a la actividad agraria.

Los proyectos de acompañamiento en la transición agroecológica del sector agrario convencional de los territorios periurbanos, así como en la instalación de nuevas iniciativas productivas con enfoque agroecológico (como los viveros agroecológicos, bancos de tierras o programas formativos de perspectiva integral) son aun incipientes, y falta por tanto encontrar modelos válidos para su replicabilidad. La coordinación entre distintas administraciones con perspectiva de biorregión o ciudad-región resulta un elemento clave en este sentido, muy poco desarrollado. La falta de figuras metropolitanas de coordinación territorial y administrativa, así como la ausencia de sintonía entre gobiernos municipales, provinciales y autonómicos podría suponer uno de los principales límites, en el medio plazo, a la profundización en los sistemas alimentarios locales y sostenibles con perspectiva de ciudad-región.

El apoyo y la colaboración desde los movimientos sociales ha sido valorado como un elemento clave en la implementación de las políticas alimentarias, de cara a aportar ideas y experiencia, o a aportar la capacidad de emprendimiento necesaria para generar nueva actividad económica. En muchos casos la co-producción de políticas públicas es condición para el éxito de las políticas, a pesar de que son pocas las ciudades donde se da esa sinergia de una manera fluida e intensa. La iniciativa de la sociedad civil también ha sido reconocida como el principal vector de innovación, así como el principal apoyo para la estabilidad a largo plazo de la agenda alimentaria urbana. Se reconoce el papel primordial de la cooperación con organizaciones sociales vivas y articuladas, capaces de aportar a la vez enfoques teóricos y herramientas y propuestas prácticas, lo cual se puede favorecer desde la administración local. Y se constata que el debate acerca de como conjugar cooperación e independencia entre administración y sociedad civil aun no está cerrado. Un desarrollo óptimo de la dialéctica entre organizaciones sociales y administración se beneficiará enormemente de un marco estable, claro y transparente de los términos de la cooperación a sostener; así como de los recursos comprometidos para ello y los límites en cuanto a la participación de la sociedad civil.

De la experiencia de los gobiernos municipales en estos últimos años de políticas alimentarias se han extraído ocho grandes titulares. Estas ideas podrían así sintetizar el conocimiento procesual que se está generando a partir de las experiencias prácticas de las ciudades que han participado en el estudio:

• La administración debe mostrar un compromiso claro y estable con las políticas alimentarias sostenibles, así como con los procesos de buena gobernanza y coproducción de políticas públicas.
• La coordinación interna y entre administraciones (incluyendo aquellas de distinto nivel o escala territorial) es imprescindible para los saltos de escala (upscaling) y la replicación y extensión de experiencias piloto (outscaling).
• La administración local debe facilitar los procesos de gobernanza de abajo-arriba, sin desatender la incidencia en ámbitos competenciales superiores y la producción normativa que facilite la transición (políticas de arriba-abajo).
• Las políticas alimentarias han de equilibrar la dimensión de proceso con la de resultados.
• La estrategia de las ciudades debe partir de diagnósticos buenos (y operativos) para optimizar recursos e impactos.
• El camino desde las propuestas teóricas agroecológicas a los sistemas alimentarios localizados tiene que reflejar el permanente contraste entre teoría y praxis.
• Las ciudades deben enfocarse tanto en apoyar transiciones en el sector agrario convencional como en apoyar la nueva instalación de jóvenes agricultores/as.
• Un tejido social autónomo y estructurado aporta fortaleza y dinamismo a los procesos agroecológicos, y es su principal fuente de innovación.

En todo caso el salto de escala, de las políticas alimentarias a los sistemas alimentarios locales, ya está en marcha en muchos niveles y ámbitos de la realidad. Las políticas alimentarias urbanas (de enfoque agroecológico) ya están encontrando un lugar importante en la agenda de la política local española. También en las organizaciones sociales, que han acumulado un acervo importante técnico, metodológico y teórico en la co-producción de políticas públicas para la construcción de sistemas alimentarios locales y sostenibles. Esperamos que este estudio resulte de utilidad para seguir habitando esta apuesta por un salto de escala en la sostenibilidad urbana».

Puedes consultar el informe completo en este enlace.