¿Puede un ayuntamiento garantizar que sus vecinos coman bien? Esa fue, en esencia, la pregunta que recorrió el webinario celebrado recientemente bajo el paraguas de Justicia Alimentaria, en el que tres voces —la de Naciones Unidas a través de la FAO, la de la historia urbana y la de una propuesta de política pública innovadora— dibujaron un mismo argumento desde ángulos distintos: la alimentación es un derecho humano, no una mercancía, y los municipios tienen tanto la legitimidad histórica como la capacidad práctica para hacerlo efectivo.

Éste es el video del webinario:

La sesión se abrió con la intervención de Juan Echanove, de la FAO, quien situó el derecho a la alimentación en su marco jurídico internacional: reconocido ya en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y desarrollado en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Echanove recordó que este derecho no se limita a evitar el hambre, sino que exige un acceso estable y digno a alimentos adecuados, y lo desgranó en cuatro dimensiones —disponibilidad, acceso, adecuación y sostenibilidad— reconocidas por 178 países. De ahí se derivan obligaciones estatales concretas: respetar, proteger y realizar el derecho, lo que implica no solo abstenerse de obstaculizar el acceso a los alimentos, sino construir activamente las condiciones para garantizarlo, apoyándose en las directrices voluntarias que la propia FAO publicó en 2004.

El foco se desplazó después hacia la escala municipal. Los ayuntamientos, se argumentó, son el nivel de gobierno más próximo a la ciudadanía y disponen de herramientas concretas —ordenación territorial, contratación pública, gestión de mercados y comedores escolares— para incidir en los sistemas alimentarios locales. Merche Renón aportó la perspectiva histórica que dio profundidad a este argumento: las ciudades medievales europeas, explicó, gestionaban auténticos monopolios públicos sobre el abastecimiento de cereales, hornos y otros bienes básicos. Esa capacidad se erosionó a partir del siglo XVIII con la expansión del libre comercio, el ferrocarril y la desamortización de 1855, que vendió buena parte del patrimonio municipal. Aun así, en el siglo XIX Barcelona y otras ciudades reconstruyeron parte de ese poder mediante la red de mercados públicos, rehabilitados tras el franquismo como espacios de cohesión social y acceso a alimentos frescos —un ejemplo, hoy, de cómo Mercabarna y otros mercados pueden orientarse hacia precios justos y productos de proximidad.

Frente a estas experiencias, no obstante, se reconoció una fragilidad común: los consejos alimentarios locales, las compras públicas para escuelas o los mercados municipales renovados son iniciativas valiosas pero a menudo dependientes del color político de turno y de una gobernanza inestable. Fue precisamente ese vacío el que vino a llenar la propuesta central de la jornada, presentada por Gustavo Duc: la Seguridad Social de la Alimentación, concebida como una política pública universal y obligatoria capaz de articular bajo un mismo paraguas las múltiples iniciativas dispersas que hoy existen. No se trata de un programa asistencial dirigido solo a familias vulnerables, sino de un sistema pensado para toda la población, sostenido sobre tres pilares: una caja común que socializa fondos públicos, una tarjeta económica que permite comprar alimentos adecuados y dignos, y una gestión comunitaria local, a través de consejos alimentarios que decidan las políticas y blinden su continuidad frente a los vaivenes electorales. El dinero, se subrayó, circularía directamente hacia el pequeño comercio, los mercados municipales y la agricultura agroecológica, territorializando así la economía alimentaria.

En el turno de preguntas, sobre la universalidad, Gustavo Duc defendió que extender la tarjeta a toda la población —con progresividad fiscal para que quien más tiene más aporte— evita el estigma de los sistemas focalizados y protege el derecho frente a futuros recortes políticos. Echanove y Renón matizaron que la aplicación deberá adaptarse a cada contexto: no es lo mismo una ciudad con comercio de proximidad activo que entornos, como Nueva York, donde ese tejido ha desaparecido y obligaría a pensar en fórmulas como supermercados públicos subvencionados, con transiciones graduales que eviten colapsos —se citó el caso de Sri Lanka como advertencia—. Otras intervenciones señalaron los obstáculos normativos de la contratación pública y la capacidad limitada de los canales cortos para responder a una demanda creciente, así como la necesidad de no convertir el aprovechamiento de excedentes alimentarios en la solución por defecto para la población vulnerable, por el riesgo de instaurar un sistema basado en las «sobras».

Trajimos al encuentro también la dimensión europea:  «Good Food for All» busca el reconocimiento jurídico del derecho a la alimentación en el marco normativo de la Unión Europea, para lo cual necesita reunir 41.595 firmas en España antes del 7 de enero de 2027. Se animó a la RMxAe y a las personas asistentes a sumarse a esa campaña como vía complementaria de presión institucional.

La sesión se cerró con la convocatoria para el 23 de septiembre, fecha en que tendrá lugar un segundo webinario centrado en experiencias concretas de implementación.