El pasado 23 de septiembre celebramos la segunda sesión del ciclo Municipios y sistemas alimentarios públicos: aproximaciones a la Seguridad Social de la Alimentación, organizado por la Red de Municipios por la Agroecología junto a Justicia Alimentaria, Entretantos y la revista Soberanía Alimentaria. Marta Ribó, de Justicia Alimentaria, moderó la charla y recordó lo trabajado en la primera sesión del 4 de junio: la alimentación como derecho y responsabilidad pública, el papel histórico de las ciudades y la propuesta de una Seguridad Social de la Alimentación (SSA). Esta vez, el objetivo era aterrizar el debate en experiencias concretas.

Carles Soler, de El Pa Sencer y Menjadors Ecològics, recordó que el problema del modelo alimentario no es de producción, sino de distribución y concentración de poder: el 42% de la distribución está en manos de tres grandes cadenas. Igual que la sanidad o la educación, la alimentación debería ser un derecho universal, vinculado a la soberanía alimentaria. Explicó los tres pilares de la SSA (transferencia económica pública, red de comercios concertados y gestión democrática) y subrayó que los precios asequibles deben ser también justos para quienes producen. Presentó dos pilotos en preparación, en Argençola y Almócita.

Desde Getafe, Álvaro Areta presentó Biolíbere, un supermercado cooperativo sin ánimo de lucro y autogestionado, cooperativa desde 2021, que ofrece alimentación agroecológica en un municipio de clase trabajadora. No hace ofertas, planifica sus compras y participa en la vida del barrio. Su reto es pagar precios dignos a quienes producen sin que se conviertan en una barrera de acceso. En ese marco nace su piloto de SSA, financiado por la Fundación Daniel y Nina Carasso.

Iria Costela, de Biolíbere, detalló el piloto: 30 personas en 11 unidades de convivencia, seleccionadas por sorteo y con gran diversidad de perfiles. Lo gobierna un órgano con seis entidades sociales, tres proyectos productivos y un grupo de la cooperativa, con el Ayuntamiento y la Fundación como observadores. Cada persona recibe 100 euros mensuales, fijos y no acumulables, durante nueve meses, gestionados con un código anónimo. La financiación es en un 80% de la Fundación Carasso, simulando la aportación pública, y en un 20% de Biolíbere.

Alodia Pérez Muñoz, de la Concejalía de Transición Ecológica y Medio Ambiente de Getafe, explicó que el Ayuntamiento forma parte del órgano de gobernanza y está orgulloso de que esta primera experiencia en España se desarrolle en su municipio. La iniciativa encaja con su Plan Estratégico de Agroecología de 2023, que incluye el acceso de todas las personas a alimentos saludables y sostenibles. Valoró que hayan sido las asociaciones quienes implicaron a las familias y espera los resultados para estudiar cómo darle continuidad.

Sebastià Mata, alcalde de Olván (unos 950 habitantes), explicó cómo el cierre de las dos tiendas del pueblo y la gestión del comedor escolar llevaron a recuperar El Sindicat, el edificio de una antigua cooperativa de 1911. Hoy alberga una tienda municipal de producto local y agroecológico, un espacio comunitario, una cocina y un comedor comunitario que se reivindica como espacio contra la soledad no deseada. La atención la presta una fundación de salud mental de la economía social de la comarca. Sus retos: ampliar el surtido, implicar a la comunidad y financiar una tarjeta que acerque el proyecto a la SSA.

Eve Demange, consejera departamental de Bordeaux-5, compartió la experiencia de la Gironde. En 2023, 40 personas de cuatro territorios, la mayoría en precariedad, construyeron una carta común. Entre 2024 y 2025 funcionaron cuatro cajas locales con 178 hogares, 48 establecimientos adheridos y una moneda propia, la MONA. Se redujo con fuerza la precariedad alimentaria, creció un 50% el consumo ecológico y bajaron un 30% las compras en supermercados. Entre los límites, la dependencia de los dinamizadores y una contribución voluntaria menor en los hogares más ricos. Destacó que fue una auténtica escuela de democracia.

En el debate, Eve explicó que la experiencia no continuó por su coste (540.000 euros) y por el cambio de gobierno tras las elecciones de 2026. Sobre la replicabilidad, Sebastià y Alodia coincidieron en que es más una cuestión de voluntad política y de ciudadanía movilizada que de presupuesto; Iria recordó que la doble crisis alimentaria y agraria es una oportunidad de oro, y Eve añadió que una SSA para toda la población debe plantearse a escala nacional, aunque los pilotos locales demuestran que puede funcionar. Ante la duda de qué aportan pilotos tan pequeños, Iria explicó que buscan contribuir a construir una futura política pública pasando de la teoría a la práctica. La sesión cerró constatando que muchos municipios y entidades quieren explorar iniciativas similares.

¡Aquí os dejamos con el vídeo del webinario! 

Para más información sobre sobre Seguridad Social de la Alimentación (pruebas piloto, presentaciones, jornadas, estudios), podéis escribir a carles@elpasencer.coop, gustavo@elpasencer.coop 

Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas – La Seguridad Social de la Alimentación, una inversión necesaria y viable para sostener la vida