¿Qué se puede hacer desde las administraciones, las organizaciones y las políticas para trabajar por el derecho a la alimentación sostenible y saludable de todas las personas?

El 18 de abril hubo un encuentro organizado por Justicia Alimentaria, la Red de Municipios por la Agroecologia y ACOEC para poder hablar, debatir y conocer distintas propuestas de políticas y proyectos planteados en la dirección de facilitar el acceso a una alimentación saludable y sostenible a todas las personas, especialmente a las situadas en vulnerabilidad como un derecho fundamental, tal y como remarcó Raquel Álvarez de Justicia Alimentaria, encargada de presentar el seminario y el objetivo del mismo: pensar en sistemas de garantía alimentaria que impulsen una alimentación sana, vinculada al territorio y que respete los derechos humanos en toda la cadena.

Incluímos en esta entrada una pequeña crónica para dar a conocer las principales aportaciones de la jornada y enlaces para ampliar información.

Una vez más, nos topamos con la dificultad de la coordinación interna tal y como señaló Helena Ferrando, Coordinadora del Área de Benestar i Drets de l´Ajuntament de València, que también aportó la idea de la necesidad de la mediación comunitaria para poder abordar el tema alimentario ya que ciertos estudios demuestran que la aceptación del cambio, es decir, aceptar que es necesario cambiar, se realiza desde un contexto cotidiano de barrio y en entornos familiares y no en un despacho. Como ejemplo de esto, está el proyecto Entre Iguales (presentado por Daniel García, de ACOEC ) que  forma a líderes en el ámbito asociativo y comunitario de Valencia, así como a personal Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valencia de para que transmitan los conocimientos adquiridos en su entorno. Se busca además, que las personas participantes identifiquen demandas para trasladar a las Administraciones públicas.

A otro nivel, el supra e interadministrativo, Maite Ibáñez, Regidora de Acción Cultural, Educación, Juventud y Cooperación del Ajuntament de València también insistió en la necesidad de coordinarse entre instituciones para garantizar los recursos necesarios para dar sostenibilidad a todos los proyectos vinculados al derecho a la alimentación.

100 euros al mes es la diferencia mensual estimada entre comer sano y perjudicial en nuestro país

Durante la mañana tuvimos tiempo para acercarnos a datos muy inquietantes sobre la calidad de la alimentación y el derecho a una de calidad, sostenible y saludable. Tal y como aportaron Marta Herrero, de Justicia Alimentaria ó Lidia García, del Observatorio por el Derecho a la Alimentación en España (ODA-E), aunque el Derecho a la Alimentación está reconocido por la ONU, tan sólo 30 países dentro de ésta organización lo han recogido en sus constituciones. En este contexto de fragilidad de los sistemas alimentarios por las guerras, cuestiones climáticas y otras cuestiones la tendencia es que la inseguridad alimentaria aumente en los próximos años.

100 euros al mes es la diferencia mensual estimada entre comer sano y perjudicial en nuestro país y el 13,3% hogares se encuentran en situación de inseguridad alimentaria en España (2,5 millones de hogares, 6.235.900 personas)[1].

Más datos objetivos e información actualizada vino de la mano del estudio Alimentación saludable para personas vulnerables, presentado por Clara González de Cruz Roja Española. En éste se evidencia que a menores recursos, hay un incremento de la inseguridad alimentaria que tiene un efecto en el consumo desequilibrado de alimentos especialmente en el apartado de frutas, verduras y hortalizas y también un efecto en la salud y padecimiento de enfermedades crónicas. Clara planteó los siguientes retos:

• ¿Cómo dar voz a estas personas usuarias? ¿Por qué quedan excluidas de debates en las que son las protagonistas?
• ¿Cómo conectar servicios sociales y producción local y los mercados municipales?
• ¿Qué puede hacer la administración para impulsar modelos desde esta perspectiva de derechos teniendo en cuenta que las ayudas son asistenciales? ¿Qué hace falta para generar el cambio de perspectiva desde lo asistencial hacia lo educacional?

Ruth García, del Colegios Oficial de Dietistas y Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa), puso de relieve que la falta de recursos es un elemento clave en la obesidad infantil tal y como va señalando el “estudio ENPIV, evaluación nutricional de la población infantil en Valencia” que dibuja un mapa de obesidad infantil en València más allá del índice de masa corporal (IMC), en barrios con valores sociodemográficos muy distintos, designados por recomendación hospitalaria. También se ve que hay niñas y niñas de entornos con bajo acceso a recursos (dinero para comida, actividades extraescolares deportivas…etc) que están en normopeso, pero cuando se les pregunta sobre su alimentación los patrones no son adecuados y tampoco realizan actividad física.

Se refuerza la idea de la relación entre bajos recursos y el bajo acceso a alimentación sostenible y saludable con el estudio sobre inseguridad alimentaria presentado por Raquel Díaz, de la fundación Espigoladors en el entorno de La Botiga (proyecto de garantía alimentaria, empoderamiento comunitario y sostenibilidad del Prat de Llobregat con implicación del Ayuntamiento que está atendiendo a 3500 personas para complementar el 70% de su dieta. Fue presentado más tarde por Mónica Plana de La Botiga). Raquel planteó los siguientes retos:

• Empleo de metodologías fáciles sin interferir en el proyecto
• Elaboración de indicadores para tener grises
• ¿Cómo responder a las demandas a la apertura de la participación?

Debemos pasar por un cambio de paradigma con intervención pública multinivel, con acciones como los bonos sociales alimentarios, prohibición de la publicidad alimentaria infantil, fin de la dinámica de ponerlo todo en el banco de alimentos -ir a tarjetas monedero-, refuerzo de la compra pública de alimentos, cocinas municipales o comarcales y la recuperación y mejora de las infraestructuras (también los mercados municipales y mataderos municipales) así como la urgencia de una buena planificación territorial.

En una mesa moderada por Jorge Molero, de la Red de municipios por la Agroecología se presentan las visiones políticas de las participantes que se centran, según Gabriel Castañares, Director General de Políticas Palanca para el cumplimiento de la Agenda 2030. Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 la coherencia de políticas, las alianzas estratégicas, especialmente con los actores sociales y entre administraciones, poniendo de relieve a las entidades locales. Para Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria debe pasar por un cambio de paradigma con intervención pública multinivel, con acciones como los bonos sociales alimentarios, prohibición de la publicidad alimentaria infantil, fin de la dinámica de ponerlo todo en el banco de alimentos -ir a tarjetas monedero-, refuerzo de la compra pública de alimentos, cocinas municipales o comarcales y la recuperación y mejora de las infraestructuras (también los mercados municipales y mataderos municipales) así como la urgencia de una buena planificación territorial.

A nivel local desde el Ayuntamiento de Orduña (Itziar Biguri y Marijo Imaz, Alcaldesa) nos aportaron ejemplos de acciones concretas alineadas con el DASS como su cocina municipal con alimentos locales ó las actuaciones a nivel normativo como el planteado desde la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valencia por su Jefe Sección Inclusión Social, Manuel Salvador que con el marco de la Ley 3/2019 de servicios sociales inclusivos en la Comunitat Valenciana diseñó un Plan de servicios sociales de Valencia 2019-2023 con un programa específico Derecho a la Alimentación Saludable y Sostenible. Manuel señala los servicios sociales relacionados con la alimentación en Valencia en los que se podría incorporar la perspectiva del derecho a la alimentación saludable y sostenible y algunos de los avances realizados: servicio de comida a domicilio, ayudas de comedor escolar, Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), Comedores de Centros Ocupacionales (COM), etc.

Algunas experiencias que se compartieron durante el día fueron

• El Menjador y El Palet, contados por Oriol Berenguer, de Espigoladors. El Menjador es la conversión de un comedor de personas sin hogar. Cuina Amiga cocina los domingos para las personas que van al servicio. Buscan cómo hacer accesible a toda la ciudadanía y tienen una actividad de voluntariado. Funciona sobre todo con aprovechamiento alimentario, por lo que no se pueden vender los menús (porque se puede considerar competencia desleal).

El proyecto Palet, un punto de distribución de alimentos a personas en situación de vulnerabilidad, tiene tres grandes innovaciones: el acompañamiento nutricional (hay una nutricionista comunitaria), la dignificación de entrega de alimentos (compran con un precio subvencionado, la cesta está mucho mejor nutricionalmente) y el aprovechamiento alimentario, de proximidad y de producto social. Además este proyecto funciona y genera beneficio.

Ante el cambio de modelo del FSE+ sugiere impulsar la compra pública responsable, alianzas con la economía social y servicios de acompañamiento a la compra con tarjetas.

• El Comedor de Todas surgido hace 13 años desde un grupo de mujeres migrantes como mecanismo de apoyo mútuo. Antonia Ávalos, de Mujeres supervivientes (de la violencia de género) de Sevilla nos contó que durante la pandemia resurgió y comenzaron a trabajar para poder compartir la comida con la gente del barrio. También dan charlas y tienen un catering.

• La Tarjeta monedero de la Diputación de Barcelona presentada por Francesc Hernández Torres, Cap de Servei de Suport als Serveis Socials Bàsics, es una tarjeta de débito que sirve para poder comprar en establecimientos de alimentación y que también sirve en farmacia, óptica y material escolar. Se propone vehiculizar de manera más directa, de forma más fácil, el alimento más fresco, siempre acompañado de otras estrategias. Los puntos fuertes son la normalización y autonomía, se evita la estigmatización, se simplifican los trámites administrativos, se facilita el acceso a alimentación equilibrada y saludable y el fomento de la economía local y soporte al pequeño. Es una herramienta complementaria, ágil y segura. En la actualidad están acogidos a 147 municipios, 5 entidades sociales, 34213 tarjetas activas, básicamente a nivel de municipios. En 2015 se empieza y en 2020 se dispara gracias a vencer la reticencia de los secretarios e interventores.

Los retos son tener una mayor complicidad con el comercio de proximidad, mejorar la digitalización e interconexión con los programas de gestión de expedientes y ampliar el rango a otras necesidades básicas.

Finalmente, Gustavo Duch de El Pa Sencer, reflexionó sobre el hecho de que la alimentación no es una mercancía y compartió la experiencia de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT, provincia de Buenos Aires Argentina), donde 400-500 almacenes agroecológicos se han organizado para hacer una venta directa a la clase popular en zonas desfavorecidas ó el camino que está tomando Francia donde están trabajando para una Seguridad Social Alimentaria. Se trata de un movimiento social articulado en torno a una propuesta macroeconómica, que persigue democratizar radicalmente la alimentación y transformar el modelo productivo.

Trabajo colaborativo

Se cerró el día con un trabajo colaborativo alrededor de tres bloques donde se plantearon recogidos durante la jornada:

Bloque 1. Gobernanza, inclusividad y autonomía

¿Cómo involucramos en la toma de decisiones a las personas usuarias? ¿Cómo rompemos las jerarquías? Subpreguntas: ¿Cómo activar a los sujetos de derecho. Cómo activamos la participación. Cómo hacer que estos proyectos salgan de la base? ¿Con qué sistema de gobierno? ¿Cómo gestionamos la participación cuando no coincide con nuestros discursos? ¿Cómo evitar la cronificación? ¿Cómo dar voz a las personas usuarias? ¿Qué podrían hacer las administraciones públicas para favorecer estos modelos? ¿Cómo hacer ver a la gente que no estamos comiendo bien? ¿Cómo hacer que la alimentación sana y sostenible sea la opción elegida? ¿Qué límites tiene la participación en proyectos colectivos?

Bloque 2. Tejido productivo y comercial

¿Cómo favorecer el pequeño comercio y las redes alimentarias locales? ¿Cómo conectar las políticas desde servicios sociales con la producción local agroecológica?

Bloque 3. Administración pública

¿Qué podría hacer la administración pública para apoyar estos nuevos modelos? ¿Qué normativas nos faltan? ¿Cómo dotar de recursos económicos desde la administración? ¿Cómo dotar de coherencia y coordinación en las políticas públicas? ¿Cómo desarrollar proyectos/estrategias integrales de Derecho a la Alimentación Saludable y Sostenible?

Aunque recoger todo lo que sucedió y se comentó en el taller en este pequeño post es muy complicado, os aportamos algunas ideas que se plantearon en cada uno de los apartados en este link.

[1] “Alimentando un futuro sostenible”_Universitat de Barcelona